Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

Abstract

Desde la fundación de las primeras organizaciones políticas o Estados, ha sido indiscutible el esfuerzo de estos al dedicar gran parte de su actividad de vigilancia y control a la creación de entes encargados de proteger el patrimonio público y privado, en aras de salvaguardar los derechos económicos y las libertades individuales y sociales de su pueblo y población. De allí que los ordenamientos jurídicos superiores han definido como un deber del Estado el garantizar la convivencia pacífica, equitativa y justa, por lo que la comisión de delitos afecta directamente esta función debilitando la estabilidad económica y la seguridad nacional.

Partiendo de la necesidad antes planteada, diferentes países decidieron dar inicio a la estructuración de políticas y a la creación de entidades con exclusividad al desarrollo de actividades de inteligencia en materia económica y financiera, para con ello consolidar, analizar y difundir a las autoridades judiciales la información relacionada con aquellas actividades asociadas con el lavado de activos y sus delitos subyacentes; Colombia no fue la excepción.